El gobierno de Javier Milei derogó la norma que evitó que los productores argentinos pagaran una millonada de regalías por la siembra masiva de la soja RR: Ahora a preparar la billetera
El gobierno nacional, impulsado por el ministro desregulador Federico Sturzenegger, derogó esta mañana una norma que, en los hechos, fue la que evitó que los agricultores argentinos debieran pag...
El gobierno nacional, impulsado por el ministro desregulador Federico Sturzenegger, derogó esta mañana una norma que, en los hechos, fue la que evitó que los agricultores argentinos debieran pagar una millonada de dinero por la utilización de la soja RR (Roundup Ready) de Monsanto y otros cultivos genéticamente modificados. Ahora, en el nuevo escenario que tienden las autoridades a favor de las multinacionales del sector agrícola, habrá que preparar la billetera para enfrentar costos más cuantiosos para el acceso a nuevas tecnologías.
“Por Resolución 197/26 el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual) deroga la Resolución 283/15 sobre (no) patentamiento de materia viva y biotecnología, una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación en nuestro país”, defendió Sturzenegger la medida en las redes sociales.
En el Boletín Oficial, la fría norma publicada este viernes dispone, por cierto, “derógase la Resolución 283 de fecha 25 de septiembre de 2015 del INPI”.
ARGENTINA VUELVE AL MUNDO EN BIOTECNOLOGÍA. Por Resolución 197/26 el @INPI_Argentina deroga la Resolución 283/15 sobre (no) patentamiento de materia viva y biotecnología, una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación en nuestro país.…
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 19, 2026
Aquella norma de fines del kirchnerismo ratificó la postura histórica del gobierno nacional, hasta ese momento, de rechazo a las exigencias de las multinacionales semilleras, en especial la estadounidense Monsanto, que pretendían patentar sus procedimientos para modificar un cultivo mediante el uso de biotecnología moderna o transgénesis. Esa posición venía desde 2001, y fue la que evitó que Monsanto cobrara lo que exigía por la introducción en el país en 1996 de su primera soja transgénica, la RR resistente al herbicida glifosato.
En el caso del maíz Bt, segundo OGM introducido en Argentina en 1998, ese problema no existía porque el cultivo se siembra a partir de híbridos, y entonces la tecnología se paga con la bolsa de semillas. Pero en el caso de la soja, al ser una especia autógama, la variedad RR se difundió por todo el país apelando al derecho al uso propio del agricultor y el crecimiento de un mercado informal de semillas, que prosigue hasta nuestros días.
Eso implicó que la multinacional que había desarrollado esa tecnología de resistencia a herbicidas (y que en 2018 fue absorbida por Bayer) nunca pudiera cobrar de los agricultores argentinos una retribución por su desarrollo. Esto motivó decenas de quejas de los “farmers” estadounidenses, cuyo Estado sí permite el patentamiento de innovaciones en vegetales y animales. Pero por tradición legal en la Argentina patentar seres vivos siempre fue cosa prohibida.
La especulación, es esa época, era que Monsanto había querido patentar la soja RR en el país, pero las autoridades rechazaron esa pretensión.
Entre los años 2005 y 2007 Monsanto llegó incluso a intentar detener los barcos de soja argentina en los tribunales europeos alegando que los mismos no habían reconocido el pago de su tecnología. Pero la resistencia que en ese momento ejercieron el ex ministro Roberto Lavagna y en especial su secretario de Agricultura, Miguel Campos, permitieron finalmente consolidar este escenario: como Monsanto no tenía patentes que defendieran aquí su invención, entonces no tenía derecho a exigir pago alguno. Y eso consolidó un escenario innegable: mientras que en Estados Unidos los agricultores debían pagar royalties, aquí la difusión de la tecnología RR fue absolutamente gratuita.
Diez años más tarde, con la introducción de una nueva generación de soja transgénica, la denominada variedad Intacta, Monsanto ensayó otro camino e intentó patentar su fórmula para introducir genes diferentes en el ADN de la soja. Pero el INPI volvió a rechazar esa pretensión. De allí surge la resolución de 2015 que ahora deroga el gobierno de Milei. Es una ratificación de la posición histórica que la Argentina había asumido a principios del milenio.
Y de allí vienen también las otras divergencias históricas en la cadena semillera, y los intentos por actualizar la vieja Ley de Semillas de principios de los 70. Como en aquella época no había transgénicos, esa ley no termina de reconocer el pago de regalías a los obtentores de ese tipo de desarrollos, aunque sí vela por el reconocimiento de la propiedad intelectual de los obtentores. El problema es que en la Argentina tampoco pudo aplicarse un control efectivo por parte del Estado para que los semilleros cobren por sus invenciones al momento de vender la bolsa de semilla, y no por patentes.
De allí también que Sturzenegger haya avanzado con un nuevo control de las variedades sembradas en el primer punto de entrega (mediante una resolución de Agricultura conocida días atrás) y que plantee como esencial la adhesión argentina a la UPOV 91, un convenio internacional de mayor rigidez en la protección de los derechos de los obtentores. Esa adhesión, de todos modos, debería pasar por el Congreso.
Ahora el ministro desregulador (o regulador a favor de las semilleras) metió mano en lo que compete al INPI. Y al derogar la resolución previa de 2015 y modificar el texto de otra resolución de 2003, apunta a que se permita en la Argentina el patentamiento de los procedimientos para modificar la cadena de genes de cultivos y animales. Con esa patente en manos, se supone que las grandes compañías (sean nacionales o internacionales) podrán exigir una compensación a los usuarios de dicha tecnología.
En sus redes sociales el ministro de Milei defendió la derogación de la resolución de 2015 al decir que “aquella norma de los últimos días del segundo mandato de Cristina Kirchner, para decirlo en criollo, había hecho casi imposible patentar desarrollos biotecnológicos en Argentina. Exigía que las partes y componentes modificados estuvieran “aislados” del organismo, condición que los privaba de toda aplicación industrial y, por ende, de protección”.
“¿Cómo innova alguien sin certeza de que su invención será protegida? El resultado fue previsible: Argentina quedó rezagada frente a países que adoptaron criterios más flexibles. Nuestra producción agropecuaria -una de las más competitivas del mundo- no podía acceder a tecnologías clave que mejoran productividad, sustentabilidad y competitividad internacional. Un gol en contra que pagamos todos”, arguye el ministro.
En realidad, el no pago de regalías por aquella soja RR (que se diseminó muy rápidamente hasta ocupar en poco tiempo el 95% del área sembrada) se debió en buena medida a lo contrario: como Monsanto no tenía a patente y no se pudo implementar otro tipo de controles, la variedad corrió como reguero de pólvora y se difundió masivamente. Pero vale reconocer que en los últimos años algunas empresas multinacionales del sector han comenzado a ver con malos ojos a la Argentina y retacean nuevos lanzamientos de OGM en el país, ya que no se les ofrece aquí un marco adecuado para la protección de sus nuevas variedades.
“Como dice el presidente Javier Milei, la propiedad privada es el pilar sobre el que se construye una sociedad próspera. Y la propiedad intelectual es una derivada directa de ese principio. No respetarla no es sólo un atentado al derecho de propiedad: es desalentar el conocimiento, la inversión y el progreso. Hace unos meses derogamos la Resolución Conjunta 118/2012 sobre patentes farmacéuticas. Hoy completamos esa lógica en biotecnología agropecuaria”, indicó el ministro en defensa de su decisión.
Ahora los productores deberán preparar su billetera para hacer frente al pago de regalías crecientes por las nuevas tecnologías incorporadas al germoplasma de los diferentes cultivos: la deuda que no se origine en el pago de regalías en el marco de la UPOV91 y la actualización de la Ley de Semillas se originará en el pago de una patente.
En un país donde persiste la rareza del cobro de retenciones a los agricultores, pagar por la tecnología que se use parece ser el camino elegido.
