El proceso de quiebra de Bioceres va para largo: Los síndicos recién presentarán el informe final en marzo de 2027

El juez encargado de la quiebra de Bioceres S.A., Fernando a. Mecoli, dispuso que los acreedores de la empresa fallida deberán presentar a la sindicatura sus peticiones de verificación de crédit...

El juez encargado de la quiebra de Bioceres S.A., Fernando a. Mecoli, dispuso que los acreedores de la empresa fallida deberán presentar a la sindicatura sus peticiones de verificación de créditos a partir del próximo 2 de julio.

El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Sexta Nominación de Rosario determinó el vencimiento del plazo de observación e impugnación de los créditos y legajos por parte de los acreedores el próximo 31 de julio.

En tanto, los síndicos de la quiebra –las contadoras rosarinas Vanesa Lorena Beccacece, Gabriela Marta Gorini y María Lorena Chacon– tendrán hasta el 28 de septiembre de 2026 para presentar los informes individuales respecto de cada crédito insinuado.

El juez estableció el día 26 de noviembre de 2026 para el dictado de la resolución judicial sobre la procedencia de los créditos, mientras que el 9 de marzo de 2027 la sindicatura de la quiebra deberá presentar el informe general, en el cual deberá detallarse las causas de la cesación de pagos, la situación patrimonial de Bioceres S.A. y la responsabilidad de socios o administradores en la quiebra.

De todas maneras, Mecoli, a través de un escrito, indicó que los plazos en cuestión “resultan estimativos y podrán ser modificados y/o prorrogados, conforme el tránsito y las constancias que se ventilen en la causa y en razón dela oportunidad, mérito y/o conveniencia para que ello así sea establecido”.

El juez argumentó que plazos tan extensos –y eventualmente prorrogables– resultan necesarios porque “se desconoce el real volumen de acreedores que potencialmente se presentarían en atención a la proyección de pagarés bursátiles y/o obligaciones negociables que pudieran haber sido extendidas”.

La investigación de la sindicatura de la quiebra de Bioceres S.A. ciertamente es por demás compleja, no sólo por el intrincado entramado societario de las diferentes sociedades intervinientes, sino porque el proceso de quiebra se gestó en el marco de un conflicto –que tomó estado público– entre los fundadores de la compañía y los nuevos accionistas controlantes.

Si bien Bioceres S.A. no tiene activos sobre los cuales accionar, acreedores esperan que los síndicos designados en el proceso de quiebra puedan definir que la controlante de la quebrada, Moolec –registrada en las Islas Caimán–, cuenta con activos potencialmente liquidables, algunos de los cuales están en territorio argentino, como es el caso de ValoraSoy, empresa cordobesa dedicada a la elaboración y exportación de proteínas texturizadas de soja, harinas pregelatinizadas de garbanzo y expandidos de garbanzo.

Acreedores comienzan a evaluar los posibles bienes ejecutables en el proceso de quiebra de Bioceres

Moolec promovió en la última asamblea de Bioceres S.A una acción social de responsabilidad contra los ex directores de la firma Manuel Alberto Sobrado y Federico Trucco, lo que obligaría a ambos, en caso demostrar maniobras indebidas, a responder con su propio patrimonio.

Posteriormente, Trucco presentó en enero pasado un amparo para solicitar la nulidad de lo decidido en la asamblea ordinaria al considerar que estaba plagada de irregularidades. El juez de feria Luciano Daniel Juárez hizo lugar a la cautelar presentada por Trucco y dispuso la suspensión de las decisiones tomadas contra él en la asamblea del pasado 15 de diciembre. Lo que suceda de aquí en más al respecto también es de interés de los acreedores de Bioceres S.A.