El sur de Santiago del Estero parece ser tierra de nadie: Productores denuncian que grupos indigenistas los amedrentan y evitan el progreso agropecuario de esa región olvidada
En el sur de Santiago del Estero, la esperanza de muchos productores agropecuarios choca de bruces contra un muro de violencia y miedo. Precisamente es la localidad de Medellin el epicentro de esta...
En el sur de Santiago del Estero, la esperanza de muchos productores agropecuarios choca de bruces contra un muro de violencia y miedo. Precisamente es la localidad de Medellin el epicentro de esta historia, en el departamento Atamisqui.
Allí hay una región donde un canal de agua que se extiende por casi 100 kilómetros podría servir de motor de cambio de una zona muy olvidada y marginada. Hay productores agropecuarios de la zona que creen que se puede generar un polo productivo fenomenal, idóneo para el desarrollo de la agricultura bajo riego y la ganadería. “Es la parte geográfica más olvidada”, dicen en la región.
Justamente, esa zona inspiró la letra de la canción La Olvidada, de Atahualpa Ypanqui, quien mencionaba hace tiempo las tardes de enero, los algarrobos y la región comprendida por las márgenes del Río Dulce.
En ese enclave, pobre de recursos, hay una obra que podría cambiarlo todo. El canal de agua que pasa por ahí podría habilitarse para riego. Allí hay al menos 7 productores que están luchando por ese recurso y de esa forma generar agricultura bajo riego. “Los análisis de suelos dan para un maíz de 10 mil kilos sin fertilizar”, afirman.
Sin embargo, según sus denuncias, hay otro pequeño grupo de 15 personas que ha logrado paralizar la actividad productiva de toda la región, impidiendo que trabajen la tierra y desarrollen sus proyectos. Por ahora, hay campos solo ganaderos, que podrían ser de aptitud agrícola si se desarrollan inversiones. Se trata de unas 35 mil hectáreas que podrían cambiar de color.
Según esta visión, el histórico Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y pobladores que apelan a la cuestión indigenista están haciendo que las inversiones se frenen, lo que tiene a maltraer a los productores. En esa pelea, no escatiman las malas artes denunciadas en muchas otras zonas de Santiago del Estero: Les queman alambrados, hacen fosas, los expulsan. Los pobladores argumentan que esas tierras son ancestrales, y que los productores deberían abandonarlas.
Mientras tanto, las denuncias cruzadas, cierta complicidad de las fuerzas de seguridad y la imposibilidad de recurrir a la justicia siguen dejando a los productores atrapados en un círculo de impotencia.
“Lo que queremos es trabajar, generar algo para la región, pero ya no podemos. Nos quitan todo, nos bloquean el paso, nos amenazan”, aseguró uno de los afectados, que prefiere el anonimato porque lleva años luchando por ver crecer su emprendimiento. En esta lucha, no solo se trata de tierras, sino de una guerra silenciosa por la supervivencia.
Los antecedentes de violencia en la región se remontan a otros conflictos protagonizados por el Mocase. Sin embargo, en este caso, los productores denuncian además la presencia de nuevos grupos, no necesariamente vinculados al ese movimiento, pero con una “ideología similar”: un grupo de indigenistas que, según ellos, impide el progreso del campo. “Nos dicen que las tierras son de ellos, que no tenemos derecho a producir, pero nunca nos muestran pruebas. Es como si todo estuviera permitido por la ley, cuando la ley no se aplica para nosotros”, comentó otro productor de la zona, que también prefiere reserva del nombre.
Ambos dicen que la violencia en la zona comenzó a escalar. Desde amenazas hasta ataques directos a los productores, los testimonios son escalofriantes. La impotencia de los empresarios rurales se hace más profunda cuando las fuerzas de seguridad o la justicia no responden a sus denuncias. Hay una problemática entre las fuerzas provinciales y nacionales. Por ahora, todo queda en manos de las fuerzas santiagueñas, y la Gendarmería no puede intervenir sin un juez. La justicia está de brazos cruzados. “Pareciera que todo lo que ocurre aquí no tiene importancia”, comentan.
Los productores llamaron al 134, la línea de denuncias de este tipo del gobierno nacional. Hasta allí llegó Gendarmería, relevó la zona, elaboró un expediente, y se fue. No puede intervenir por decisión de la justicia santiagueña.
En diciembre del año pasado, el gobierno nacional dio por finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de comunidades originarias que en los últimos años sirvió en muchos casos para facilitar la usurpación de campos en diferentes regiones argentinas.
Luego de 18 años, el decreto 1083 eliminó la emergencia porque -según el gobierno- la misma “impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes”.
Esto es justamente lo que está en juego en Santiago del Estero: Productores e inversores que intentan llevar a cabo proyectos productivos, pero según cuentan tropiezan con 15 indigenistas que “sean del Mocase o no, nos están impidiendo trabajar”.
Esta denuncia de los productores ante los micrófonos de Bichos de Campo llega unos días antes del Día Internacional de las Luchas Campesinas, a celebrarse este 17 de abril, en el cual el Mocase llamó a una acción más contundente. “¡Desde el 17 de abril converjamos nuestras luchas por la defensa de nuestros derechos sobre la tierra, el agua y los territorios! ¡Por nuestro derecho a organizarnos y resistir”, dice la página web del Mocase.
Según cuentan los productores, intentaron llegar a un acuerdo con estos grupos, e incluso ofrecieron ceder hectáreas para que puedan establecerse ahí y llevar adelante actividades productivas, pero fueron rechazadas.
A pesar de las amenazas y la violencia, los productores no se rinden. Ellos dicen que sueñan con generar un polo agropecuario que impulse la economía de la región, pero este sueño se ve aplastado constantemente. “Lo único que pedimos es poder trabajar, que nos dejen crecer. La tierra está ahí, esperando. Pero nosotros no podemos avanzar, estamos estancados en este conflicto”, dicen.
La situación es compleja: Los productores denuncian usurpaciones, amenazas a ellos y al personal, además de bloqueos a los campos. Según cuentan, tienen que ingresar a sus propias tierras filmando con el celular todo el tiempo, para poder presentar a la justicia y servir de prueba. Los empleados tienen miedo. Los que pertenecen a las comunidades indígenas son tratados de traidores por trabajar en esas estancias. El conflicto en el sur de Santiago del Estero por ahora parece no encontrar un fin.
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