Gestión financiera: El costo oculto que no figura en ninguna campaña y es el más caro de todos
Todos los años, por estas fechas, se repite el mismo ritual. Se abre la planilla, se cargan los ambientes, los rindes esperados, la nutrición, el paquete de fitosanitarios, las labores, el flete,...
Todos los años, por estas fechas, se repite el mismo ritual. Se abre la planilla, se cargan los ambientes, los rindes esperados, la nutrición, el paquete de fitosanitarios, las labores, el flete, el arrendamiento. Se prueban escenarios de precios. Se ajusta la rotación de cultivos. Se discute si conviene el fertilizante ahora o en la siembra.
Y cuando la planilla ya “cierra”, queda afuera el renglón que probablemente explique más variabilidad que todos los anteriores juntos.
No tiene nombre técnico en la jerga del sector, pero el mercado financiero le puso precio hace rato y lo cotiza todos los días. Se llama “riesgo político”, es el precio de la incertidumbre sobre qué reglas van a regir cuando llegue el momento de cobrar y de pagar. En la Argentina esa incertidumbre no es un ruido de fondo: es una variable de costo, y se paga en dólares contantes y sonantes.
Dónde se lee ese precio
Hay tres lugares donde el número está a la vista. El primero son los bonos del Tesoro Nacional en dólares. Un título que vence antes de las elecciones presidenciales de 2027 rinde hoy 4,56% anual (el AO27). Otro título, del mismo emisor, en la misma moneda, bajo la misma legislación, que vence del otro lado de esa fecha, rinde 9,34% (el AO28). Casi cinco puntos porcentuales de diferencia (478 puntos básicos) por el solo hecho de cruzar un domingo de octubre.
Eso no es riesgo de crédito. El deudor es el mismo. Es el precio que el mercado le pone a la posibilidad de que cambien las reglas de juego.
El segundo es el dólar futuro. El contrato a julio de 2027 opera en torno a 1848 $/u$s, contra un mayorista de 1497 $/u$s. Traducido: el mercado está cobrando una tasa implícita del orden del 25% anual para asegurarle a alguien un tipo de cambio del otro lado de la elección. Ese número, y no la tasa que publica el banco, es la referencia real de cualquier estrategia de financiamiento.
El tercero es lo que no existe. El Tesoro prácticamente no consigue colocar deuda en pesos a tasa fija más allá de mediados de 2027. Las Letras, que son el instrumento de financiamiento corriente del Estado nacional, no tienen vencimientos más lejanos. Casi el 80% de la deuda en pesos vence a menos de dos años.
Conceptualmente, en la Argentina no hay curva de rendimientos más allá de la próxima elección presidencial de octubre de 2027. Y donde no hay curva, se dificulta el crédito largo.
El crédito al 0% no es gratis
Aquí es donde esto deja de ser macroeconomía y entra en la planilla. Hoy conviven, sobre el mostrador, ofertas de financiamiento de insumos al 0% anual en dólares a 360 días, fertilizantes a 3,75% en dólares, y líneas en pesos entre 24% y 27% de tasa nominal anual. Puesto así, la comparación parece resuelta antes de empezar.
Pero no lo está. El crédito en dólares al 0% no es crédito gratis: es un seguro cambiario que usted está vendiendo. El costo final de esa operación no se conoce el día que se firma, sino el día que se paga.
Detengámonos un segundo en esto, porque es más raro de lo que parece de tan acostumbrados que estamos. En ningún país agrícola serio del mundo la decisión central del presupuesto de campaña es una toma de posición sobre un resultado electoral. En Iowa, en Mato Grosso o en las planicies francesas se discute clima, precio y logística. En la Argentina, además, se discute quién gana en octubre del año que viene. Y no porque el productor haya elegido ese riesgo: se lo asignaron de oficio, ya es un tema de mercado y cultural.
Por qué esto no se arregla gestionando mejor
Llegados a este punto, conviene aclarar algo, porque el tema se presta a la confusión. Esto no es un reclamo contra un gobierno. No lo es por una razón simple: el patrón se repite con administraciones de todos los signos. En 2001, en 2019 y en 2025 sucedió. Cada vez que se acercó una definición electoral relevante, apareció la misma dinámica: presión cambiaria, tasas que se disparan, financiamiento que se acorta, y un Banco Central (BCRA) sin herramientas efectivas para frenarlo.
El episodio de 2019 es el más didáctico. Tras las PASO, el tipo de cambio saltó de 45 a 60 pesos, las tasas locales llegaron a niveles anualizados de entre 200% y 300%, y el Tesoro logró renovar apenas el 10% de sus vencimientos. Lo notable es lo que eso revela: ninguna tasa de interés, por alta que fuera, compensaba el riesgo percibido. Cuando la incertidumbre supera cierto umbral, la tasa deja de ser un precio que equilibra el mercado y se convierte en un dato irrelevante.
De ahí se desprende algo que cuesta aceptar: el equilibrio fiscal (que es una condición necesaria, y que hoy existe) no es suficiente por sí solo. Mientras la prima por “riesgo político” siga alta, cualquier superávit puede convertirse en déficit por la vía de una devaluación brusca, porque una parte importante de la deuda pública está en moneda extranjera y la recaudación no. La solvencia depende de una variable que ningún ministro controla.
Y de ahí se desprende lo segundo, que al campo le pega de lleno: mientras exista esa prima y exista el peso, algún tipo de restricción cambiaria tiende a volver. No por ideología, sino por aritmética. El control de cambios es la única herramienta que efectivamente contiene esa presión, al costo de trabar todo lo demás. La brecha actual es chica (alrededor de 5,7% entre el mayorista y el contado con liquidación), pero el mecanismo residual sigue ahí.
El productor como acreedor cautivo
Hay una analogía que conviene tener presente porque ordena todo el cuadro. Un default no es solamente dejar de pagar. También es forzar a un acreedor a quedarse en una posición que no eligió, cobrando menos de lo que el mercado le pagaría. Cuando se restringe el acceso al mercado de cambios (“cepo cambiario”), el ahorrista en pesos queda retenido en un activo del que preferiría salir, y financia al Estado a una tasa por debajo de la de mercado. La diferencia entre lo que cobra y lo que cobraría en libertad es, en los hechos, una transferencia.
El productor agropecuario es el acreedor cautivo por excelencia de ese esquema, y por partida triple: produce un bien cuyo precio de venta está intervenido por derechos de exportación (retenciones), está obligado a liquidar en un mercado de cambios que no es libre (cepo a las empresas), y se financia a tasas que incorporan una prima que no generó (“riesgo político”).
El desafío
El sector agropecuario argentino hizo, durante los últimos veinticinco años, un trabajo extraordinario con todo lo que estaba bajo su control, logrando mejoras productivas muy considerables. Pero carece de condiciones macroeconómicas adecuadas para planificar inversiones con un horizonte de largo plazo.
Mientras tanto, dos cosas quedan por hacer, y conviene no confundirlas. Una es de gestión: incorporar la decisión de moneda, plazo y cobertura al presupuesto de campaña con el mismo rigor con el que se decide la siembra de híbrido de maíz. Eso está al alcance de cada empresa y hoy, en la mayoría, no se está haciendo bien.
La otra es de discusión pública en el ámbito gremial e institucional. Aunque eso excede a cualquier empresa individual, resulta clave entender que la variable que más condiciona la rentabilidad del sector no es agronómica, ni climática, ni siquiera impositiva en sentido estricto. Es monetaria. Es el costo que no figura en la planilla. Y es el más caro de todos.
Hernán E. Satorre. Economista (UBA). Consultor organizacional y financiero de empresas agropecuarias familiares.
