
¿Por qué cayó ARSA? Un informe revela detalles escabrosos de la empresa que ahora se disputan Adecoagro y el grupo Grassi
Marta G. Cirulli, jueza subrogante a cargo de la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), ya designó a los profesionales que deberán recorrer las plantas industriales de la empresa fallida ...
Marta G. Cirulli, jueza subrogante a cargo de la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), ya designó a los profesionales que deberán recorrer las plantas industriales de la empresa fallida para verificar el estado de los activos y poder valuarlos, de manera tal de poder avanzar con la venta ante el interés mostrado por Adecoagro (a través de su controlada L3N) y Nueva Vicentin Argentina (grupo Grassi).
doc1811924018En el marco de ese proceso, el expediente de la quiebra sumó un informe de 58 páginas elaborado por la síndica Marta Susana Guillemi, que explica con detalle cuáles fueron los sucesos que derivaron en el concurso y posterior quiebra de la empresa láctea.
A mediados del año 2016 ARSA adquirió el negocio de yogures, flanes y postres de las marcas SanCor Yogs, SanCor flan, Shimy, Sancorito y otras a SanCor Cooperativas Unidas Limitada, junto con los activos industriales de las plantas industriales de Arenaza (provincia de Buenos Aires) y Córdoba. Las contraprestaciones por tales transferencias fue hacerse cargo de importantes pasivos en dólares que mantenía SanCor con acreedores financieros.
En junio de 2016 el capital social inicial fue suscripto en un 95% por SanCor y en un 5% por Integra Insumos, pero en agosto de ese mismo año la composición accionaria correspondía en un 90% a Algodonera Avellaneda S.A. (del grupo Vicentin) y el restante 10% a SanCor.
En enero de 2018 se realiza una asamblea en la cual el capital accionario aparece en un 45% para Algodonera Avellaneda, mientras que otro 45% es asignado a Capible S.A., manteniendo el 10% restante SanCor. Y en esa asamblea se indica que “la situación económica financiera de la sociedad muestra una pérdida acumulada significativa que supera los 580 millones de pesos”, el que se atribuye “a serios incumplimientos de SanCor”, lo que fueron negados por representantes de la cooperativa.
En ese marco, se resuelve aumentar el capital social para que la sociedad quede integrada en partes iguales por los socios South American Food Company S.A. y Algodonera Avellaneda.
Posteriormente, en septiembre de 2019, debido a “pérdidas acumuladas que insumen más del 50% del capital social”, los socios procedieron a reducir dicho capital y South American Food Company pasa a contrrolar el 99,4% de la sociedad.
A partir de entonces, la gestión comienza a ser desarrollada por venezolanos. El último directorio de ARSA, antes de la quiebra, estaba integrado por los venezolanos Rafael Antonio Segovia González y Santiago Jesús Segovia Brun.
ARSA entró en cesación de pagos el 24 de noviembre de 2023 y luego se concursó con una deuda estimada del orden de 271.000 millones de pesos, de la cual se reconocieron créditos por algo más de 31.000 (un 11% del total insinuado). De esos 31.000 millones verificados, el 75% estaba constituido por dos acreedores: Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda, empresa integrante de dicho grupo empresario.
El informe de la sindicatura expone que la adquisición de los activos por parte de ARSA “implicó partir con una gigantesca deuda en moneda extranjera que se potenció más aun ante las variaciones sufridas por el peso frente al dólar en los años siguientes a las compras”.
“Ello no solo constituyó un pasivo desproporcionado con las posibilidades de ARSA, sino que ante sus déficits operativos le impidió la obtención de vías de financiamiento adecuadas”, apunta.
Una de las principales causas identificadas que conllevó a la muerte de la empresa “fue el enorme gasto operativo para la escasa recaudación por producción ya que, si bien es cierto que la crisis comenzó con la falta de capital de trabajo y una fuerte caída de la demanda del mercado, la empresa no pudo solucionar el déficit sufrido, ya que ha mantenido sus costos fijos como si estuviera en su plena ocupación y dentro de ese costo la mayor significación la tiene el peso de las remuneraciones”.
ARSA“Ese desorden laboral continuo sumado a las infructuosas negociaciones con los trabajadores, solo ha ocasionado un gigantesco endeudamiento de este rubro, visualizándose a poco que se repare que de las más de las 430 insinuaciones recibidas en esta etapa de quiebra, prácticamente el 90% sean de causa laboral”, remarca el informe.
Ese desequilibrio económico fue solventado con nuevos endeudamientos, financieros, comerciales y fiscales, hasta llegar a tornarse insostenible y recurrir a requerir la apertura de este proceso. Luego y ya abierto el concurso preventivo, los problemas económicos y financiaros no pudieron ser resueltos, sino que por el contrario se fueron incrementando.
Los atrasos en los salarios y posteriores incumplimientos fueron insostenibles e incluyeron la toma de la empresa por parte de los trabajadores, lo que generó una interrupción de las operaciones desde abril de 2025.
La Ley de Concursos y Quiebras requiere que se individualicen concretamente aquellos actos que se consideren susceptibles de revocación, conforme a lo dispuesto por los artículos 118 y 119 de la Ley 24.522.
Al respecto, y teniendo en consideración el devenir de la empresa durante la etapa concursal y las circunstancias que finalmente condujeron a su quiebra, la sindicatura manifestó que se encuentra desarrollando tareas investigativas destinadas a determinar la eventual existencia de actos que pudieran encuadrar dentro de las previsiones legales mencionadas.