¿Sabrá el gobierno que las universidades públicas participan en la generación de divisas? La década de la FAUBA pidió reflexionar sobre el impacto del recorte presupuestario en el superávit fiscal
No es la primera vez que el recorte presupuestario en la universidad pública sorprende a la agrónoma Adriana Rodríguez. La primera vez fue allá por la década de 1990, a poco de obtener su tít...
No es la primera vez que el recorte presupuestario en la universidad pública sorprende a la agrónoma Adriana Rodríguez. La primera vez fue allá por la década de 1990, a poco de obtener su título y recién integrada a un grupo de investigación. Allí conoció de cerca, por primera vez, lo que es hacer malabares para terminar con un proyecto en curso. Pero la situación actual la encuentra en otra posición. Como Decana de la Facultad de Agronomía de la UBA, el desafío ahora es mantener las puertas de esa casa de estudio, reconocida a nivel internacional, abiertas.
Aquello está muy lejos de ser un recurso dramático. Es, por el contrario, un fiel reflejo de la realidad: la FAUBA perdió a 102 docentes desde 2024, los que continúan ganan un 40% menos en términos reales que hace dos año, y el año pasado comenzaron a pedir donaciones para cubrir los gastos de formación de sus más de 5000 alumnos.
“Hace más de dos años que tenemos el presupuesto congelado. A excepción de dos meses, no hubo incrementos salariales. Y los que hubo no superaron la inflación. Esto te genera una situación muy compleja donde renuncian docentes y no docentes, que se van hacia otras áreas donde pueden ganar tres o cuatro veces más”, señaló Rodríguez en charla con Bichos de Campo.
La mayor renuncia, según dio cuenta, se da en la franja de los profesionales de entre 30 y 40 años, muchos de los cuales ya terminaron sus estudios doctorales. Y mientras muchos eligen volcarse al sector privado, otros buscan seguir en la función académica aunque en universidades del exterior.
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Tampoco es menor el impacto de la salida del personal no docente. Se trata de técnicos de laboratorio, contadores, abogados, entre otros roles, que son necesarios para mantener a esa Facultad en funcionamiento.
“El impacto más grave lo tenemos en los proyectos de investigación. Todo el sistema que implicaba a la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica ya no existe. Esas fuentes de financiamiento ya no están y hoy las becas, doctorados y maestrías se sostienen de nuestra propia universidad, pero obviamente con un monto mucho menor al que teníamos”, indicó la decana.
Una muestra del grado de seriedad se ve en la imposibilidad de costear el combustible para los vehículos de la facultad, en los que los estudiantes se trasladan para llegar a sus proyectos a campo.
“Nos está costado mucho cargarlos. Es por eso que desde hace dos años le ponemos mucha energía a los proyectos internacionales, que son muy competitivos y muy difíciles de obtener, pero armamos una estructura para ayudar a los docentes a presentarse. Es algo muy sensible porque esta facultad nació investigando. Su estatuto fundacional establece a la investigación como elemento esencial del desarrollo. Y eso, que nos pone en un lugar de reconocimiento por nuestros pares del exterior, nos está costando sostenerlo”, lamentó Rodríguez.
En este escenario, la decana apuntó contra aquellas “ideas confundidas” que plantean que la educación pública y el sector privado corren por caminos distintos.
“Todos los proyectos que hacemos y que terminan generando conocimiento, son los que después vemos aplicados a campos con, por ejemplo, variedades de cultivos resistentes a la sequía, a la helada, a los anegamientos, etc. Se desarrollan en convenio con el sector privado, en las distintas facultades que se dedican a las ciencias agropecuarias de las universidades públicas de nuestro país. Obviamente una parte importante de la investigación tiene que servir para algo concreto, que son las empresas del sector privado”, sostuvo.
En esta línea, Rodríguez alertó por el poco conocimiento que se tiene sobre el impacto del desarrollo científico en la producción y, por ende, en la generación de divisas.
“Quienes nos compran exigen cada vez más trazabilidad, controles de impacto ambiental, sanitarios. Todo eso está deteriorado, no solo por la reducción presupuestaria que sufren las universidades públicas, sino también otros organismos relacionados con el agro como el Senasa, el INASE y el INTA. Me parece que el Poder Ejecutivo debiera reflexionar, sobre por ese objetivo de mejorar el superávit fiscal. Necesitan divisas y están medidas van en contra de eso. Se está cometiendo un error muy grave, cuyas consecuencias van a ser vistas en el mediano plazo”, remarcó la decana.
Respecto a las versiones que indican que no se han hecho las auditorias correspondientes, Rodríguez trasladó la responsabilidad a la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso Nacional, asegurando que las mismas se realizan al azar y se encuentran disponibles en su web oficial. Aún así, indicó que la FAUBA también cuenta con sus controles internos, a través de los cuales justifica sus gastos.
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“Estamos totalmente de acuerdo en buscar indicadores de eficiencia, usarlos, compararlos, ver la evolución. De hecho los tenemos. Con muy poco presupuesto somos reconocidos por nuestros pares en el mundo en distintas cuestiones, en la calidad de la formación, en la calidad de la investigación, en la sostenibilidad, porque también somos la única universidad de Latinoamérica que está dentro de las universidades sostenibles. Entonces estas cuestiones me parece que hay que ponerlas sobre la mesa”, afirmó.
“La universidad en este país tiene más de 200 años. Yo tengo mucha confianza y mucha fe de que vamos a levantarnos de esto, vamos a seguir adelante. Somos muchos. La gente cree, confía, se formó y recibe los servicios de la universidad pública. Eso también es importante decirlo”, concluyó la decana.
